Para evitar que nos desaparezca del todo el efecto de la avalancha de mensajes vinculados con el 8 de marzo, me gustaría compartir contigo algunas reflexiones sobre la desigualdad de género, desde la perspectiva de lo que subyace por debajo de ellas.

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En términos generales, me apasiona no quedarme en la superficie y bucear en las realidades que vivo, tratando de cuestionar qué hay detrás de lo explícito. En el caso de las desigualdades de género, como en muchas otras problemáticas, creo que en general somos conscientes de que atacar sólo los síntomas, sin intervenir en las causas, en las raíces, en lo profundo, puede llevarnos a que los esfuerzos sean infructuosos o no nos devuelvan los resultados que esperamos, por muy bien intencionados que sean.

La igualdad de género implica que los hombres y las mujeres deben recibir los mismos beneficios y ser tratados con el mismo respeto. Este concepto es clave en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que el objetivo final es otorgar a las personas igualdad legal y social, independientemente de su género, especialmente en las actividades democráticas y asegurar la igualdad de remuneración por el mismo trabajo.

A pesar de este reconocimiento legal, el mundo económico y social sigue siendo un ejemplo de discriminación en función del género. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE de 2012, el salario medio anual femenino representó el 76,1% del masculino, proporción nueve décimas inferior a la del año anterior (77,0%). En ese mismo año, el 17,36% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 7,52% de los hombres.

Si se tienen en cuenta los salarios más elevados, el 10,4% de los hombres presentaron unos salarios cinco veces superior al SMI, frente al 4,72% de las mujeres, lo que podría estar vinculado a las creencias asociadas con la disponibilidad absoluta y/o con las creencias obsoletas que vinculan las competencias para el ejercicio de labores de dirección con las asociadas tradicionalmente al sexo masculino.

Parece existir un amplio consenso respecto a que la mayor parte de las diferencias salariales o desigualdades en el desarrollo profesional, así como su persistencia, no parecen justificarse por la menor cualificación de las mujeres o su menor experiencia laboral. No voy a entrar ahora en las causas directas que provocan una posición de partida desigual en el mercado de trabajo, sino en los factores de discriminación indirecta que, en ambos casos, están sobradamente documentados por las instituciones que trabajan por la igualdad de género.

Me refiero a los procesos de socialización y educación, entre los que podemos mencionar:

  • Aspectos desigualmente valorados por hombres y mujeres ante la elección de un puesto trabajo.
  • La infravaloración de competencias asociadas a capacidades femeninas. Creencias sobre la idoneidad para el mundo empresarial de determinados valores atribuidos al sexo masculino (competitividad, espíritu de lucha, liderazgo…).
  • Cultura empresarial: Estructuras verticales, estilos de dirección obsoletos, cultura del “presentismo”, cultura de la disponibilidad total, horarios fijos, jornadas interminables, sistemas de promoción basados en la libre designación, segregación vertical, techo de cristal.
  • Carencias en corresponsabilidad social en relación con infraestructuras, diseños urbanísticos, armonía de horarios, políticas de tiempo.

A pesar de la indudable vinculación de estos elementos con el mundo económico y empresarial, es preciso subrayar, como hemos mencionado, el carácter social de esta problemática. Gran parte de las causas que provocan desigualdades de género, están vinculadas con un reparto de roles que hace a las mujeres responsables de las labores de cuidado de personas dependientes en el ámbito familiar. La necesidad de que socialmente existan instrumentos que garanticen el adecuado cuidado y atención a personas dependientes que, al mismo tiempo, involucren al conjunto de la población y eviten discriminaciones y desigualdades en el desarrollo profesional y económico de las personas cuidadoras, es algo a lo que socialmente debemos dar una respuesta urgente y adecuada. Se trata de una necesidad con carácter social y ético y que debe derivar en un nuevo modelo social más justo.

Nuestra sociedad ha evolucionado con vertiginosa rapidez, pero seguimos anclados/as a modelos y estereotipos que vienen derivados, entre otros factores, de las diferencias biológicas entre los sexos. La definición de género, según la ONU, es la construcción social y cultural basada en las diferencias biológicas entre los sexos que asigna diferentes características emocionales, intelectuales y de comportamiento a mujeres y hombres, variables según la sociedad y la época histórica.

La aproximación a las causas de esta discriminación no permite análisis simplistas ni reduccionistas. Estamos ante un problema causado por multitud de factores vinculados con la diferente socialización de las personas en función de su sexo, la elección de estudios y ocupaciones profesionales, la estructura del mercado de trabajo, la cultura empresarial dominante, la división sexual del trabajo, la desigual distribución de tiempos dedicados al cuidado, la corresponsabilidad de las instituciones en la conciliación vida-trabajo, etc.

Por lo tanto, garantizar el acceso real a los mismos derechos y oportunidades de partida, no supone quedarnos en la superficie de los datos estadísticos que avalan la desigualdad, sino avanzar definitivamente en políticas activas de género en materia laboral y económica, legislar a favor de la igualdad real definitivamente y profundizar en la concienciación y sensibilización de modelos mentales y atribuciones que hacemos de forma automática.

¿Nos ponemos a ello?

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